El alto costo energético en España dificulta que sea el destino menos atractivo para los mineros de Kazajstán

Un grupo de juristas españoles afirma que los altos costes de la energía son un hándicap importante para que España se convierta en destino de los mineros de Kazajstán.

Luego de que la diputada del partido político español Ciudadanos, María Muñoz, propuso un proyecto de ley para convertir a España en un punto de acceso a la minería de Bitcoin tras el cierre de Internet que provocó una interrupción en la minería en Kazajstán. La reacción de un grupo de juristas especialistas en blockchain, y en la regulación de criptomonedas a través del portal web Confilegal.com, afirma que los altos costes de la energía “son un hándicap importante”, y una regulación clara, es necesaria.

Para Ricardo Plasencia, quien es socio del área regulatoria de CMS Albiñana & Suarez de Lezo, es complicado que España pueda ocupar el lugar de Kazajistán debido a “los altos precios que tiene la energía en un país como España, y el minado de criptomonedas es una actividad que requiere de gran capacidad de computación y, por lo tanto, intensa en consumo de energía”, citó Confilegal. 

De acuerdo a la opinión de Plascencia, la actividad de minado de criptomonedas no constituye, ‘per se’, ningún riesgo para los consumidores. Sin embargo, aclaró que actividades como la emisión, negociación, canje y custodia de criptoactivos sí pueden entrañar riesgos y es por ello necesario que haya normas que establezcan requisitos de transparencia e información para la emisión y admisión a negociación de criptoactivos. 

“Sería deseable que España avanzase en un régimen regulatorio que se adelante a la regulación europeo unido a un régimen fiscal favorable, son las palancas que pueden hacer que España lidere inversiones en materia de servicios de criptoactivos”, dijo Plascencia para Confilegal. 

Un tema de coste eléctrico

En otro sentido,  para Joaquim Matinero, abogado Bancario-Financiero & Blockchain en Rocajunyent, todo vuelve al punto de inicio. Según Martinero, cada vez que Bitcoin se desploma de un 20% a 40%, “siempre aparecen pronósticos apocalípticos, propuestas de tertulia de bar o soluciones mágicas, que pueden dar la vuelta a toda una situación de crisis global de la noche a la mañana”. 

Para este jurista -relató Confilegal- los problemas de esta industria radica en dos cuestiones. “La primera, la falta de regulación concreta en relación a las criptomonedas o activos virtuales a nivel nacional (a la espera de la futura regulación europea MiCA)» y otra cuestión es el coste de la energía. En este sentido, España se basa en el ‘mix energético’ que varía en función de la demanda y del reparto que se hace en una subasta pública, conocida como ‘pool’ eléctrico”, comentó Martinero. 

“Aunque la actividad de minería puede realizarse en España sin ningún tipo de impedimento, sí que es necesario dar de alta su actividad en el IAE y proceder a la tributación correspondiente de los beneficios, por lo que no existe ventaja alguna que favorezca la captación de grandes empresas de minado, sin que tampoco se haya dado solución a la inseguridad jurídica”, agregó. 

De acuerdo a Martinero el resto de los países de la Unión Europea tienen un marco jurídico del mercado de la energía eléctrica idéntico al de España porque el mercado de la energía eléctrica forma parte del mercado común y la electricidad es un producto armonizado de en la Unión Europea, pero, explica Martinero: “Debido a los distintos peajes, impuestos y el tipo de fuente de generación, hay Estados miembro con un coste muy inferior al de España que serían más competitivos para este tipo de nuevo modelo productivo”.

A su juicio, Martinero describe como “complicado” por mucho voluntarismo político que haya poder atraer una nueva industria como esta, ya que  el sector de la cripto-minería -señala- es extremadamente sensible al coste de la electricidad y de cualquier tipo de tributación que pueda minorar sensiblemente sus beneficios o hasta monitorizar sus movimientos, con lo cual la realidad es que España es un país muy poco interesante para ello.

“El hecho de ser un país rico en recursos naturales como el petróleo, gas y carbón facilita que el coste de la energía llegue a ser de $0,042/kWh, y además al encontrase geográficamente cerca de China,  ha consolidado  a Kazajstán como el gran refugio de los mineros de criptomonedas durante 2021, hasta el inicio de los últimos acontecimientos a nivel civil en el país”, agregó Martinero.

La importancia de la seguridad jurídica 

Por otro lado, para Alejandro González, counsel en el departamento de Banking & Finance de la oficina de Madrid de Hogan Lovells, lo ocurrido en Kazajstán ha tenido un claro impacto en el minado de criptomonedas, aunque reconoce que no sabe hasta qué punto eso puede ser extrapolable a España.

“No tenemos mucho detalle sobre lo que se plantea como Estrategia Nacional de Criptomonedas por parte de Ciudadanos, pero una cosa es la producción de esos activos y otra la regulación para la comercialización de los mismos en aras de la transparencia del mercado y la protección a los consumidores”, comentó González para Confilegal.

González explicó que es aunque es un tema que que excede del mero ámbito legal, es escéptico ya que reconoce que para minar se necesitan ordenadores con gran capacidad de computación que consumen mucha energía, y de acuerdo a su criterio normalmente los ‘mineros’ se instalan en países donde el precio de la misma es barato. “No creo que se den en el ecosistema español los elementos necesarios para que se desarrolle esa actividad a gran escala”, manifestó.

Para este jurista, el otro ámbito , además del eléctrico, es puramente de regulación legal: “Ahí creo que hay unanimidad en el mercado español en que debe ser una prioridad para nuestro legislador crear un entorno de seguridad jurídica que apoye la innovación y que a la vez tenga unos niveles adecuados de protección a los consumidores e inversores, pero no acabamos de ver como el minado de criptomonedas puede encajar en ese entorno” destacó.

De esta forma, comenta González, se podría colocar a España como un referente de innovación. “Sabiendo que el margen que tendrá cada una de los legisladores locales estará limitado por la normativa del ámbito Europeo”, concluyó.

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